El representante de Puerto Rico ante el Congreso y otros cuatro miembros de la Cámara de Representantes han pedido al inspector general del Departamento de Justicia que investigue por qué se abandonó una investigación federal sobre una trama de drogas a cambio de votos en una prisión después de las elecciones de 2024.

“Las denuncias creíbles de fraude electoral descubiertas gracias a una investigación federal merecen un análisis riguroso y una explicación transparente” escribieron miembros del Congreso en una carta el 20 de mayo a la vez que añadieron que es esencial para “la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas” que dichas denuncias se tramiten de manera coherente “independientemente de las figuras políticas involucradas”. 

La carta está firmada por el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, demócrata y miembro del Partido Popular Democrático de Puerto Rico, así como también por los representantes demócratas Robert García, de California y  miembro de mayor rango de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes; los neoyorquinos Nydia Velázquez, primera mujer puertorriqueña en ser electa al Congreso y Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso; y Jesús “Chuy” García, de Illinois y miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Esta solicitud se produce después de una investigación de ProPublica que se publicó a principios de este mes detallando cómo los fiscales habían descubierto una trama de drogas por votos a cargo de una violenta ganga en las cárceles de Puerto Rico y que estaban tratando de determinar a fondo si la actual gobernadora González Colón o su campaña estuvieron involucrados. En los días posteriores a la elección del presidente Trump en 2024, mientras los fiscales preparaban los cargos, los supervisores de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico les dijeron que excluyeran los cargos contra los confinados y el personal de la prisión, según informaron a ProPublica cuatro fuentes con conocimiento de la investigación. Luego, una vez que Trump asumió el cargo, según las fuentes, se les dijo que abandonaran por completo la investigación sobre posibles vínculos políticos.

En su carta, los miembros del Congreso instaron al inspector general a que examinara la decisión del Departamento de Justicia de no presentar cargos relacionados con el fraude electoral “a pesar de los hallazgos y las pruebas reportados”. Añadieron que la falta de una investigación más exhaustiva contradice el “insistente énfasis del gobierno de Trump en dar prioridad a la integridad y la seguridad electorales en la aplicación de la ley a nivel federal” además de considerar a los narcotraficantes como una amenaza para la seguridad pública y las instituciones democráticas. 

Al principio, Hernández Rivera solicitó una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el asunto pero luego decidió que la Oficina del Inspector General sería una instancia más adecuada.

“Siempre se ha tratado de seguir los hechos y garantizar que se rindan cuentas”, escribió en un correo electrónico a ProPublica. “Dadas las inquietudes planteadas sobre la gestión de la investigación por parte del Departamento de Justicia y las decisiones de la Fiscalía, creemos que una investigación del Inspector General es el mecanismo adecuado para examinar de manera independiente lo ocurrido y si las normas se aplicaron de manera coherente”.

La carta iba dirigida a Don Berthiaume, quien había estado desempeñando el cargo de inspector general interino y ha sido designado para el puesto. Mientras su confirmación está pendiente, William Blier, el inspector general adjunto está al frente de la oficina.

La Oficina del Inspector General tiene jurisdicción sobre las conductas indebidas de los empleados del Departamento de Justicia, incluidos el Negociado de Prisiones (BOP), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Sin embargo, no se encarga de investigar las denuncias de conducta indebida de los abogados, que son gestionadas por la Oficina de Responsabilidad Profesional, a menos que las denuncias incluyan conducta delictiva. La Oficina del Inspector General se negó a hacer comentarios sobre la carta.

González Colón, del anexionista Partido Nuevo Progresista y republicana de larga data, ha rechazado las reiteradas solicitudes de entrevista por parte de ProPublica. En una declaración anterior, negó haber cometido ninguna irregularidad y dijo que “se ha mantenido firme en su lucha contra la corrupción” a lo largo de su carrera y sus campañas políticas. “Rechazo categóricamente cualquier intento de vincularme con conductas ilegales”, afirmó. También declaró a medios de comunicación locales que no creía que se justificara ninguna investigación sobre el asunto. González Colón no ha sido acusada de ningún delito. 

En una acusación presentada en diciembre de 2024, mientras Joe Biden era todavía presidente, se imputó a 34 miembros de una ganga conocida como Grupo 31 o Los Tiburones y vinculada a delitos como la distribución de drogas que han provocado al menos cuatro muertes por sobredosis. En el pliego acusatorio también se alegaba que la ganga estableció contactos con funcionarios del gobierno “con el fin de reducir las penas de cárcel” y les  indicó  a los confinados “por quién votar en las primarias y elecciones generales”. Sin embargo la acusación no incluyó cargos relacionados con el fraude de drogas por votos.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que los líderes de las pandillas obligaron a los confinados a votar por González Colón a cambio de no sufrir palizas brutales o verse privados de las drogas a las que eran adictos. Los fiscales afirmaron que tenían pruebas de que González Colón había hablado con uno de los líderes de la ganga penitenciaria a través de WhatsApp durante la campaña primarista y estaban investigando otros posibles vínculos cuando se les indicó que no siguieran indagando, según informaron personas con conocimiento de la pesquisa a ProPublica.

W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, afirmó que su oficina no hace comentarios sobre casos en curso. Aunque algunos acusados han llegado a acuerdos con la Fiscalía, la mayoría de los casos siguen pendientes. 

Un portavoz de su oficina, Lymarie Llovet Ayala, le aseguró a ProPublica en un correo electrónico anterior que acusar a funcionarios públicos corruptos “siempre ha sido y sigue siendo una prioridad fundamental” de la oficina.

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www.propublica.org Source link El representante de Puerto Rico en el Congreso, Pablo José Hernández Rivera, y otros cuatro miembros han solicitado al inspector general del Departamento de Justicia que investigue el abandono de una investigación federal sobre una supuesta trama de drogas a cambio de votos en una prisión tras las elecciones de 2024. La carta, enviada el 20 de mayo, destaca la importancia de tratar estas denuncias de fraude electoral para mantener la confianza pública en las instituciones democráticas. La investigación original se centró en vínculos ilícitos con la actual gobernadora, González Colón, quien ha negado cualquier irregularidad.