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La auditor\u00eda concluy\u00f3 que la Junta de Supervisores del condado, que aprueba los presupuestos anuales de la oficina del sheriff, no proporcion\u00f3 una supervisi\u00f3n \u201csignificativa\u201d de sus gastos y no ten\u00eda ning\u00fan proceso para verificar si los fondos estaban siendo utilizados adecuadamente para cumplir con las \u00f3rdenes judiciales.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, a medida que los costos aumentaban, la Junta de Supervisores rara vez cuestion\u00f3 los gastos que encontraron Arizona Luminaria y ProPublica tras revisar casi una d\u00e9cada de audiencias p\u00fablicas sobre el presupuesto.<\/p>\n\n\n\n
Los supervisores respondieron a la auditor\u00eda comunicando al juez federal de distrito G. Murray Snow que las reformas, y, en particular, el escrutinio de la auditor\u00eda sobre el gasto del condado, hab\u00edan excedido con creces las quejas originales sobre perfilamiento racial.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos residentes hispanos del condado de Maricopa preocupados por el perfilamiento racial no se ven afectados por la manera en que el condado y la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa asignan los costos\u201d, se\u00f1ala el documento judicial. \u201cTampoco ning\u00fan miembro de la demanda colectiva sufre una violaci\u00f3n constitucional porque la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa haya comprado un carrito de golf\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El fallo de Snow en 2013 determin\u00f3 que los agentes hab\u00edan utilizado la raza como criterio para detener a conductores latinos durante operativos migratorios, violando sus derechos a la igualdad de protecci\u00f3n y contra detenciones irrazonables.<\/p>\n\n\n\n
Los abogados del condado han presentado una moci\u00f3n para poner fin a la supervisi\u00f3n judicial. Esa moci\u00f3n sigue pendiente.<\/p>\n\n\n\n
\u201cInvestigar las finanzas del condado e intentar minimizar el costo del cumplimiento del caso Melendres no solo es un insulto para los contribuyentes, sino que adem\u00e1s est\u00e1 fuera de la jurisdicci\u00f3n del tribunal federal\u201d, dijeron en un comunicado de noviembre los supervisores republicanos Thomas Galvin y Kate Brophy McGee. \u201cNada sobre nuestras pr\u00e1cticas presupuestarias o contables viola la ley federal o estatal. Por eso nos negamos a participar en m\u00e1s discusiones sobre los costos de cumplimiento\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sheridan, cuyo periodo al frente de la oficina no estuvo cubierto por el periodo auditado, desestim\u00f3 los hallazgos y defendi\u00f3 las pr\u00e1cticas de gasto de su departamento. Los abogados del sheriff se sumaron a la moci\u00f3n para poner fin a la supervisi\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n
En los \u00faltimos dos a\u00f1os, la Junta de Supervisores ha aprobado la solicitud presupuestaria de Sheridan, cargando 72 millones de d\u00f3lares adicionales al acuerdo.<\/p>\n\n\n\n
Los auditores, William Ansbrow y Eric Melancon, tienen prohibido por Snow hablar p\u00fablicamente sobre su trabajo.<\/p>\n\n\n\n
Steve Gallardo, el \u00fanico dem\u00f3crata en la Junta de Supervisores de cinco integrantes, se ha opuesto a poner fin a la supervisi\u00f3n judicial de la oficina del sheriff. Dijo que el enfoque debe seguir siendo eliminar las pr\u00e1cticas policiales sesgadas.<\/p>\n\n\n\n
La oficina del sheriff supera el 90% de cumplimiento de las dos principales \u00f3rdenes judiciales, pero Snow a\u00fan no ha eximido al departamento en dos \u00e1reas clave: las disparidades raciales en las paradas de tr\u00e1nsito y el rezago de denuncias de mala conducta de agentes que no han sido investigadas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDeber\u00edamos establecer puntos de referencia en cuanto a c\u00f3mo lograr el cumplimiento total\u201d, dijo Gallardo a Arizona Luminaria y ProPublica en abril. \u201cOtros dir\u00e1n: \u2018Bueno, siguen cambiando las reglas del juego\u2019. Pues bien, sigamos avanzando. Es decir, esos deber\u00edan ser nuestros objetivos generales: \u00bfc\u00f3mo logramos el pleno cumplimiento con el caso Melendres?\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La oficina del sheriff no respondi\u00f3 a las preguntas de Arizona Luminaria y ProPublica sobre los gastos.<\/p>\n\n\n\n Aunque la auditor\u00eda y los registros financieros del condado mostraron gastos que parec\u00edan no estar relacionados con las \u00f3rdenes del tribunal, tambi\u00e9n evidenciaron un aumento descontrolado en gastos vinculados a medidas que s\u00ed hab\u00edan sido ordenadas por la corte.<\/p>\n\n\n\n En 2013, Snow orden\u00f3 que la oficina del sheriff comprara c\u00e1maras corporales para agentes de patrulla y sargentos que realizan paradas de tr\u00e1nsito. La auditor\u00eda encontr\u00f3 que el n\u00famero de empleados obligados a portar las c\u00e1maras oscil\u00f3 entre 434 en el a\u00f1o fiscal 2023 y 513 en el a\u00f1o fiscal 2021. Sin embargo, el departamento hab\u00eda comprado 950 c\u00e1maras a Axon, una empresa de Scottsdale, a un costo de 8.6 millones de d\u00f3lares. Aproximadamente 2.9 millones de d\u00f3lares en gastos \u201cexcedieron los requisitos del tribunal\u201d, encontr\u00f3 la auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n La oficina del sheriff tambi\u00e9n compr\u00f3 pistolas Taser de Axon, incluidas en el paquete junto con las c\u00e1maras corporales, y las carg\u00f3 al acuerdo judicial. El tribunal no hab\u00eda ordenado que los agentes portaran pistolas Taser.<\/p>\n\n\n\n La oficina del sheriff argument\u00f3 que comprar las c\u00e1maras por separado habr\u00eda sido m\u00e1s costoso. Aun as\u00ed, encontr\u00f3 la auditor\u00eda, el costo de las pistolas Taser, aproximadamente 1.7 millones de d\u00f3lares, debi\u00f3 haberse cargado al fondo general del departamento y no al acuerdo judicial.<\/p>\n\n\n\n Para operar las estaciones de acoplamiento de las c\u00e1maras corporales, el departamento contrat\u00f3 internet de alta velocidad. Sin embargo, las facturas mensuales revelaron que, entre los a\u00f1os fiscales 2020 y 2024, los cargos inclu\u00edan suscripciones de televisi\u00f3n por cable, las cuales no guardaban relaci\u00f3n con el acuerdo, sumando un total de 7,670 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Desde 2016, Snow ha ordenado que la oficina del sheriff aloje al Professional Standards Bureau (Bur\u00f3 de Normas Profesionales), su \u00f3rgano interno de disciplina, separado de su sede central en el centro de Phoenix. La orden ten\u00eda como objetivo alentar a los residentes a denunciar la mala conducta de los agentes despu\u00e9s de que Snow determinara que los l\u00edderes del departamento interfer\u00edan rutinariamente en los procesos disciplinarios contra los agentes. (Sheridan era el subjefe de Arpaio en ese momento).<\/p>\n\n\n\n Para transportar empleados entre la sede central y el Bur\u00f3 de Normas Profesionales, la oficina del sheriff compr\u00f3 en junio de 2019 un carrito de golf valuado en 11,800 d\u00f3lares. Al mismo tiempo, el departamento tambi\u00e9n pagaba un promedio de 34 mil d\u00f3lares al a\u00f1o por estacionamiento adicional en el edificio del bur\u00f3 para acomodar a visitantes y empleados, seg\u00fan la auditor\u00eda y los registros financieros del condado.<\/p>\n\n\n\n La oficina del sheriff aument\u00f3 estos costos en julio de 2024 al trasladar el bur\u00f3 por segunda vez en menos de una d\u00e9cada, muestra la auditor\u00eda. El bur\u00f3 ahora ocupa dos pisos dentro de un exclusivo rascacielos en el centro de Phoenix, encontr\u00f3 el equipo auditor del tribunal, citando anuncios p\u00fablicos de bienes ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n El departamento gast\u00f3 1.5 millones de d\u00f3lares en remodelar las nuevas oficinas, gasto que los auditores determinaron que fue cargado indebidamente al acuerdo judicial. Se\u00f1alaron que el bur\u00f3 ya se encontraba separado de los l\u00edderes del departamento. Durante una visita a las oficinas el a\u00f1o pasado, un integrante del equipo auditor encontr\u00f3 que parte del espacio estaba vac\u00edo y se\u00f1al\u00f3 que el bur\u00f3 podr\u00eda haberse instalado en \u201cdiversas propiedades p\u00fablicas sin uso\u201d.<\/p>\n\n\n\n Sheridan afirma que la mayor parte del gasto relacionado con el acuerdo se destina al personal. Snow orden\u00f3 la creaci\u00f3n de dos divisiones encargadas de hacer cumplir las \u00f3rdenes judiciales: la Divisi\u00f3n de Implementaci\u00f3n Judicial y la Oficina de Supervisi\u00f3n Interna. La oficina del alguacil tambi\u00e9n contrat\u00f3 investigadores adicionales para la Oficina de Normas Profesionales, mientras trabaja para eliminar un rezago de 433 investigaciones pendientes.<\/p>\n\n\n\n \u201cPasamos de tener una divisi\u00f3n de investigaciones internas con quiz\u00e1 15 personas a m\u00e1s de 50\u201d, dijo Sheridan a Arizona Luminaria y ProPublica. \u201cEsos costos se ven de inmediato\u201d.<\/p>\n\n\n\n Durante una reuni\u00f3n comunitaria en febrero, Sheridan critic\u00f3 la auditor\u00eda y dijo que el tribunal hab\u00eda exigido a la oficina del alguacil contratar a 25 sargentos. Su director financiero afirm\u00f3 que esos puestos cuestan aproximadamente 3 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Pero la auditor\u00eda determin\u00f3 que la oficina del alguacil hizo un uso indebido de fondos al cargar al acuerdo gastos de personal no relacionados o solo parcialmente relacionados. Encontr\u00f3 que, a partir del a\u00f1o fiscal 2016, el departamento traslad\u00f3 el costo de los puestos de sargento de los fondos generales del condado al acuerdo Melendres.<\/p>\n\n\n\n La auditor\u00eda determin\u00f3 que, de los 209 puestos cargados al acuerdo al inicio del a\u00f1o fiscal 2025, solo 55 pod\u00edan atribuirse razonablemente a las \u00f3rdenes de Snow. Otros 84 fueron \u201catribuidos inapropiadamente a Melendres\u201d, mientras que otros 70 estaban parcialmente relacionados y debieron haberse prorrateado para reflejar la proporci\u00f3n del trabajo relacionado con el acuerdo frente a otras funciones.<\/p>\n\n\n\n Los gastos relacionados con esos empleados exageraron a\u00fan m\u00e1s el costo del acuerdo. La oficina del alguacil carg\u00f3 1.3 millones de d\u00f3lares para comprar 42 patrullas destinadas a puestos que, seg\u00fan la auditor\u00eda, fueron atribuidos inapropiadamente a las \u00f3rdenes judiciales, incluidos seis veh\u00edculos para empleados cuyos trabajos no ten\u00edan conexi\u00f3n con el caso.<\/p>\n\n\n\n En mayo de 2022, la oficina del alguacil comenz\u00f3 a cargar lavados de autos al fondo Melendres para veh\u00edculos comprados para nuevos supervisores de patrulla. Seg\u00fan la auditor\u00eda, agentes cargaron 3,259 d\u00f3lares en lavados de autos que no estaban justificados bajo las \u00f3rdenes del tribunal.<\/p>\n\n\n\n En total, la oficina del alguacil atribuy\u00f3 err\u00f3neamente al acuerdo o carg\u00f3 de manera inapropiada aproximadamente 144 millones de d\u00f3lares en costos de personal entre 2014 y 2024, determin\u00f3 la auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Los auditores concluyeron que el departamento contin\u00faa atribuyendo incorrectamente fondos, citando pr\u00e1cticas contables que siguen vigentes. Como resultado, advirtieron que los contribuyentes podr\u00edan terminar pagando millones de d\u00f3lares m\u00e1s que no tienen nada que ver con erradicar la elaboraci\u00f3n de perfiles raciales.<\/p>\n\n\n\n Galvin y Brophy McGee, dos de los supervisores republicanos, defendieron el manejo financiero del condado. \u201cRespaldamos nuestras pr\u00e1cticas presupuestarias y los 209 puestos que creamos como resultado directo de las \u00f3rdenes Melendres\u201d, dijeron en noviembre. \u201cSer\u00eda un desperdicio total del dinero de los contribuyentes involucrar a los tribunales federales en un ir y venir sobre lo que claramente es un asunto de jurisdicci\u00f3n local\u201d.<\/p>\n\n\n\n Antes de que la auditor\u00eda fuera publicada en octubre, supervisores republicanos ped\u00edan poner fin a la supervisi\u00f3n judicial para proteger los derechos de los residentes latinos, argumentando que se hab\u00eda vuelto demasiado costosa.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs un gasto enorme para los contribuyentes del condado de Maricopa\u201d, dijo la supervisora Debbie Lesko a Arizona Luminaria y ProPublica en julio. \u201cParece no tener fin porque el juez simplemente cambia; emiten una nueva orden. Siguen moviendo la meta, as\u00ed que necesitamos resolver esto\u201d.<\/p>\n\n\n\n Sus abogados argumentaron ante el tribunal que la demanda Melendres hab\u00eda sido un \u00e9xito y que el acuerdo ya no era necesario.<\/p>\n\n\n\n La American Civil Liberties Union of Arizona, que se uni\u00f3 a la demanda en 2008, se opone a poner fin a la supervisi\u00f3n hasta que la oficina del alguacil cumpla plenamente con las \u00f3rdenes de Snow. Sin embargo, mostr\u00f3 disposici\u00f3n a reducir la supervisi\u00f3n de algunos requisitos con los que el departamento ha cumplido durante al menos tres a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n En una audiencia en enero, Snow dijo que dudaba en permitir que el condado \u201cutilice las \u00f3rdenes de costos tanto como espada como escudo y haga declaraciones al p\u00fablico que podr\u00edan, de hecho, ser completamente inexactas\u201d. Snow dijo que no pretende vigilar las declaraciones de los supervisores, pero que podr\u00eda exigir al condado justificar los costos.<\/p>\n\n\n\n Los abogados del condado y de la oficina del alguacil pidieron al juez la oportunidad de impugnar los hallazgos, lo cual Snow aprob\u00f3. Pero poco despu\u00e9s desistieron, citando el costo \u201cinnecesario\u201d de examinar los gastos del departamento.<\/p>\n\n\n\n Expertos en finanzas p\u00fablicas se\u00f1alaron que las juntas del condado tienen la obligaci\u00f3n ante los contribuyentes de garantizar que pueden rendir cuentas sobre c\u00f3mo se gasta cada d\u00f3lar.<\/p>\n\n\n\n Zach Mohr, profesor asociado de la University of Kansas que ense\u00f1a presupuesto p\u00fablico, contabilidad y gesti\u00f3n financiera, revis\u00f3 la auditor\u00eda para Arizona Luminaria y ProPublica. Dijo que si la junta no est\u00e1 de acuerdo con los hallazgos, \u201cla manera de resolverlo ser\u00eda hacer otra auditor\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n Arizona Luminaria y ProPublica intentaron contactar a todos los supervisores actuales y anteriores del condado de Maricopa que aprobaron gastos de la oficina del alguacil durante el caso. S\u00f3lo Gallardo y un ex supervisor aceptaron comentar.<\/p>\n\n\n\n La revisi\u00f3n de las organizaciones period\u00edsticas de audiencias presupuestarias pasadas mostr\u00f3 que los supervisores eran m\u00e1s propensos a cuestionar el gasto durante los primeros a\u00f1os del acuerdo, mientras el condado creaba infraestructura para implementar las reformas. En 2016, por ejemplo, Sheridan, entonces segundo al mando del departamento, respondi\u00f3 a una pregunta sobre el requisito del tribunal de comprar c\u00e1maras corporales para los agentes, diciendo que hab\u00eda sido idea de la oficina del alguacil. \u201cSon m\u00e1s avanzadas, y son m\u00e1s flexibles. Acompa\u00f1an a los agentes a todas partes. As\u00ed que fue nuestro deseo implementar las c\u00e1maras corporales\u201d, dijo en ese momento.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en a\u00f1os posteriores, los supervisores rara vez cuestionaron p\u00fablicamente c\u00f3mo la oficina del alguacil gastaba el dinero.<\/p>\n\n\n\n Este a\u00f1o fue diferente. Galvin pregunt\u00f3 al director financiero de la oficina del alguacil si su solicitud presupuestaria de 36.5 millones de d\u00f3lares para Melendres hab\u00eda sido revisada. El funcionario respondi\u00f3 que s\u00ed, y agreg\u00f3 que las solicitudes de los \u00faltimos 13 a\u00f1os tambi\u00e9n hab\u00edan sido revisadas por la oficina presupuestaria del condado y el auditor estatal.<\/p>\n\n\n\n Mary Rose Wilcox, quien form\u00f3 parte de la junta de 1993 a 2014, fue la \u00fanica latina y dem\u00f3crata durante la mayor parte de su mandato. Dijo a Arizona Luminaria y ProPublica que ella se opuso al gasto de Arpaio y a su enfoque en la aplicaci\u00f3n de leyes migratorias, lo que deriv\u00f3 en elaboraci\u00f3n de perfiles raciales, demandas y el acuerdo que contin\u00faa hasta hoy.<\/p>\n\n\n\n \u201cLos dem\u00e1s realmente no lo hicieron, y pensaban que Melendres era exagerado. Pero sab\u00edan que ten\u00edan que cumplir\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n record\u00f3 acusaciones previas de mal uso de fondos por parte de la oficina del alguacil. En 2011, una auditor\u00eda del condado encontr\u00f3 que el departamento utiliz\u00f3 100 millones de d\u00f3lares de fondos carcelarios para pagar a agentes de patrulla. En ese momento, Sheridan lo atribuy\u00f3 a un error contable, refiri\u00e9ndose a ello como \u201cun problema del sistema\u201d.<\/p>\n\n\n\n La junta aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n de supervisi\u00f3n, adoptando reglas para evitar que el problema volviera a ocurrir. \u201cEsperamos que este sea un cap\u00edtulo en la historia del condado de Maricopa que podamos cerrar y que nunca volvamos a ver un abuso de fondos as\u00ed\u201d, dijo Wilcox a The Arizona Republic en 2011.<\/p>\n The post Esta oficina del sheriff dice que reformas contra el perfil racial son costosas. Auditores encontraron $163 millones malgastados.<\/a> appeared first on ProPublica<\/a>.<\/p>\r\n![\"Una](\"https:\/\/www.propublica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/monument.png?w=527\")
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La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa carg\u00f3 pistolas Taser a un acuerdo por elaboraci\u00f3n de perfiles raciales. Una auditor\u00eda determin\u00f3 que la compra debi\u00f3 haberse cubierto con fondos generales.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n![\"Una](\"https:\/\/www.propublica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/golf-cart.png?w=752\")
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www.propublica.org Source link <\/a>\r\nLa Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa ha gastado m\u00e1s de 200 millones de d\u00f3lares en cumplimiento de \u00f3rdenes judiciales para erradicar el perfilamiento racial, tras un fallo federal en 2013. Sin embargo, una auditor\u00eda revel\u00f3 que aproximadamente 72% de estos gastos fueron mal atribuidos o inadecuados, incluyendo gastos como 1.7 millones en pistolas Taser y 11 mil d\u00f3lares en un carrito de golf. Los supervisores republicanos argumentan que el costo est\u00e1 afectando a los contribuyentes y piden acabar con la supervisi\u00f3n judicial, a pesar de que las disparidades en las detenciones raciales persisten y la ACLU se opone a su finalizaci\u00f3n.","protected":false},"excerpt":{"rendered":"M\u00e1s de 7 mil d\u00f3lares en suscripciones de televisi\u00f3n por cable. Un carrito de golf de 11 mil d\u00f3lares. 1.5 millones de d\u00f3lares en remodelaciones de oficinas en un lujoso rascacielos de Phoenix. Y tambi\u00e9n 1.7 millones de d\u00f3lares para pistolas Taser. Esos rubros estuvieron entre los m\u00e1s de 200 millones de d\u00f3lares en gastos que la Oficina del Sheriff…","protected":false},"author":329,"featured_media":2241,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_analytify_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2373","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2373","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/users\/329"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2373"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2373\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2241"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wokeantifa.org\/topics\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}